Ubicada en Washington D.C., la Oficina de Agua de la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA) trabaja extensamente con otras administraciones para garantizar la seguridad del agua potable en Estados Unidos. Actualmente, la EPA está finalizando varias normativas clave en materia de aguas, entre ellas la primera norma que regula a nivel nacional seis sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el agua potable.
Bruno Pigott, Administrador Adjunto del Agua en funciones, asumió la dirección de la Oficina de Agua de la EPA a principios de marzo, sucediendo a Radhika Fox. En su nuevo cargo, Pigott tiene como objetivo priorizar la ciencia, la salud pública y la protección ambiental, centrándose especialmente en las comunidades desatendidas. Apenas un mes después de asumir el cargo, Smart Water Magazine tuvo la oportunidad de entrevistarle sobre su nuevo papel y la tarea crítica de la EPA de garantizar un futuro en el que ningún estadounidense tenga que preocuparse por el agua.
Pigott habló sobre las prioridades estratégicas de la EPA en materia de aguas, gracias a las inversiones en infraestructuras hídricas sin precedentes del actual Gobierno de Biden-Harris, que ascienden a 50,000 millones de dólares. Como prioridades a nivel normativo, destacó la mencionada norma sobre PFAS en agua de consumo, así como las mejoras en la normativa sobre plomo y cobre, con la que se espera eliminar las tuberías con plomo en los próximos 10 años, y las directrices que limitarán la contaminación en el efluente de las centrales térmicas de carbón. “Disponer de agua limpia y segura es clave para una sociedad próspera. Es imprescindible para nuestra salud y sostén de nuestra economía al crear empleo y mantener la actividad empresarial”, señaló Pigott.
Como parte de la financiación para infraestructuras hídricas, la EPA anunció recientemente inversiones de 5.800 millones de dólares, de los cuales 2.600 millones estarían destinados a infraestructuras de saneamiento y 3.200 millones a abastecimiento; casi la mitad de la financiación se destinará a subvenciones o préstamos con condonación de deuda, asegurando que los fondos lleguen a las comunidades desatendidas más necesitadas de inversiones en infraestructuras hídricas, afirmó Pigott en la entrevista.
Como prioridades a nivel normativo, destacó la mencionada norma sobre PFAS en agua de consumo, así como las mejoras en la normativa sobre plomo y cobre
En cuanto a la preocupación sobre las implicaciones económicas para los operadores de servicios de abastecimiento con la inminente normativa sobre PFAS en el agua potable, Pigott explicó que hasta 9.000 millones del total de 50.000 de inversiones se destinarán a comunidades en las que el agua potable se ha visto afectada por contaminantes emergentes.
La entrevista también trató los importantes retos que plantea el cambio climático para la gestión de los recursos hídricos. “Las inversiones en infraestructuras hídricas de la EPA están diseñadas para apoyar soluciones resilientes”, comentó en este sentido Pigott, añadiendo que los efectos del cambio climático deben incorporarse tanto a inversiones como a soluciones: “Gracias al Plan de Adaptación al Clima de la EPA, los impactos climáticos y la resiliencia al clima forman parte de los criterios para la financiación de subvenciones y préstamos”.
Por último, cabe destacar que en respuesta a las crecientes amenazas de ciberseguridad en el sector del agua, la EPA está trabajando para proporcionar a los operadores de sistemas de agua la asistencia que necesitan para protegerse. "La EPA reconoce que la ciberseguridad es uno de los problemas más críticos que los operadores de servicios de agua deben abordar hoy en día”, afirmó Pigott, y añadió que están trabajando en estrecha colaboración con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) para identificar e implementar soluciones.
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